Opinión

Opinión || Ley de extinción de dominio #1

Por Juan Carlos Cepeda

Auge de la ley.
La ley extinción de Dominio Busca establecer los derechos legales al ministerio público para que se produzca el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos que haya acomulado un incunvente en cualquier institución del estado, bienes e instrumentos de delitos graves como el tráfico de drogas, la trata de personas, el fraude, el robo y la corrupción para reincorporarlos al erario público sin que haya que agotar juicios penales.

En la actualidad este proyecto reposa en el senado de la República y está siendo estudiado exhaustivamente por una comisión bicameral conformada por varios legisladores, y la preside el senador por la provincia de Samaná Pedro catrain Bonilla.

Dicho proyecto toma su auge dado que Robert Thomas, diplomático de la embajada de los Estados Unidos, en una visita que realizó a la casa de Gobierno  le propuso al presidente Luis abinader lo siguiente, (Cito) “Deseamos trabajar con ustedes en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita a su gobierno recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo dominicano”.

El senador por la provincia santo Domingo Antonio taveras, ha encarecido la propuesta de Robert Thomas apesar de que el proyecto tiene más de una década en la cámara alta, pero los antiguos lesgisladore no tuvieron la intención de estudiarla mucho menos de aprobarla.

Se muy bien que este proyecto afectaría a muchos legisladores y funcionarios que piensan que el erario público es una herencia de sus padres, servidores públicos que van a los puestos a enriquecerse malversando los fondos del estado, usando el testaferrismo, la corrupción y el nepotismo. Estoy más que convencido que el individuo que ha incurrido en cosa ilícitas no desea que está ley sea aprobada.
Este es el momento perfecto para aprobar dicha ley, ya que está en su  «AUGE Y  EFERVESCENCIA». También podemos emular a es países de latinoamérica que han aprobado una ley de esta naturaleza en su marco jurídico, países como Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y  Argentina.

Estudio cautelosamente dicho proyecto, escucho a las personas hablar del mismo, y veo personas firmando para llegar a la meta del millón de firmas para que el proyecto sea LEY.

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