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RD se ubica entre los seis países con mejor regulación e institucionalidad para las alianzas público-privadas

SANTO DOMINGO.-La séptima edición del Infrascopio muestra que República Dominicana ha logrado importantes avances en materia de alianzas público-privadas (APP) y un buen posicionamiento respecto al promedio regional ubicándose entre los seis países de América Latina y el Caribe con mejor regulación e institucionalidad de las APP, por encima de Costa Rica, Argentina, México, Perú, Guatemala, Brasil, Jamaica, y otros.

La publicación que evalúa la capacidad de los países de la región para movilizar la inversión privada en infraestructura a través de las APP asegura que República Dominicana se encuentra en la posición número 10 de 26 países en el puntaje general de los indicadores que evalúa este estudio.

Asimismo, explica que República Dominicana se beneficia de una fuerte política de apoyo a las APP y que esto junto a la ley de APP, crean una sólida base regulatoria para desarrollar e implementar sistemas eficientes y sostenibles para la implementación de estas alianzas.

Destaca que el Gobierno cuenta con un portafolio diverso de proyectos de infraestructura a largo plazo, y ha hecho pública su intención de contribuir con la ya destacada reactivación económica del sector turístico, en este caso, a través de la colaboración público-privada según las disposiciones de marco regulatorio de APP dominicano.

Apunta que el destacado desempeño de República Dominicana respecto a la selección informada y estandarizada de proyectos, además del análisis y la asignación de riesgos son respaldados por directrices metodológicas sólidas.

El infrascopio señala que las APP en República Dominicana tienen acceso a una amplia gama de opciones de financiación, incluidos los pagos basados ​​en el rendimiento y la financiación sostenible, tienen, además, el apoyo financiero del Gobierno y ratios de mora saludables en el sector bancario.

En la presentación del Infrascopio, realizada por el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone y el director para las Américas de Economist Impact, Vaibhav Sahgal, se destacó que los países de América Latina y el Caribe han dado pasos significativos en la creación de entornos propicios para el desarrollo de asociaciones público-privadas (APP) eficientes y sostenibles en infraestructura.

Asimismo, se señala que “las bases regulatorias e institucionales para el desarrollo de APP están en gran medida ya establecidas en toda la región, ahora la atención debe centrarse en mejorar la preparación de proyectos, el financiamiento y la gestión de riesgos”.

El Infrascopio es una herramienta de evaluación de las APP desarrollada cada dos años por Economist Impact, unidad de análisis del grupo The Economist, y comisionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En 2020, República Dominicana promulgó la Ley 47-20, que regula las APP y se creó la Dirección General de Público Privados Alianzas (DGAPP) bajo el Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas como órgano superior, responsable de las funciones de evaluación y determinación de la pertinencia de las alianzas público privadas presentadas de conformidad con esta ley.

 Algunos indicadores del estudio

El informe del infrascopio califica al país en la posición 10 de 26 en cuanto a la evaluación de desempeño e impacto de las alianzas público-privadas y en el puesto 16/26 en la gestión de riesgos y seguimiento de contratos APP.

En cuanto al indicador sobre preparación y sostenibilidad de proyectos, el país ocupa la posición número 11 de 26 y en financiación la posición número 9 por encima de Costa Rica, Honduras, Paraguay y Jamaica.

 Desafíos clave

Entre los desafíos citados por la publicación se señala la necesidad de que las APP deben alinearse en gran medida con áreas clave de desafío para la región. Estos incluyen, entre otros, el establecimiento de proyectos y fondos de brecha de viabilidad, incluidos los ambientales y sociales criterios de sostenibilidad en la selección de proyectos, proporcionando y protegiendo los derechos de intervención de los financiadores, emitir orientación sobre la aplicación y ejecución de las cláusulas de fuerza mayor en Contratos de APP e instituir mecanismos para el proyecto.

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